Un día después de que diversas plataformas online se apagaran como crítica a la ley antipiratería de Estados Unidos, más conocida como Ley SOPA, el FBI en una investigación contra la piratería informática ha clausurado la página de descargas Megaupload, una de las mayores redes de intercambio de archivos, y ha detenido a cuatro personas en Nueva Zelanda y otras tres más han sido acusadas de piratería informática, según publica el diario Wall Street Journal.
Megaupload, que desde la tarde del jueves se encuentra inaccesible, es una de las más importantes páginas web de intercambio de archivos del mundo. Está en funcionamiento desde 2005 y permite "subir" todo tipo de archivos que después pueden ser descargados en cualquier otro ordenador. Asimismo, Megavideo permite a cualquier usuario publicar videos que después pueden visualizarse en cualquier parte, como hace YouTube.
Polémica por la Ley S.O.P.A
El cierre de Megaupload, Megavideo y Megaporn se produce tan sólo un día después de que Internet protestara contra la polémica Ley SOPA. No obstante, fuentes de la investigación aseguran que "no hay conexión entre los arrestos y la tormenta política" vivida ayer en EEUU por la ley antipiratería.
Una de las mayores investigaciones de EEUU
Las autoridades, que han cerrado 18 dominios asociados a Megaupload, han realizado también más de 20 registros en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos que se han saldado con incautaciones de bienes por valor de 50 millones de dólares.
Tras dos años de investigación, agentes del FBI detuvieron a siete personas acusadas de delitos de piratería en Internet. Los cargos incluyen conspiración para cometer delitos y violación de derechos de autor. El Departamento de Justicia acusa a seis de los responsables de estas compañías de crimen organizado y asegura que son "responsables" de "piratería masiva en todo el mundo de diferentes tipos de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual". Además, en el comunicado difundido este jueves, se asegura que estas páginas han generado más de 175 millones de dólares en actividades delictivas y que han causado "más de 500 mil millones de dólares en daños a los propietarios de las obras protegidas".
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